Páginas legales
Las reglas del servicio. Se dirigen a despachos de abogados y a otros profesionales del derecho, no a consumidores, y eso cambia algunas cosas: se dicen abajo sin rodeos.
El artículo 10 de la Ley 34/2002 (LSSI) obliga a publicar estos datos de forma permanente, fácil, directa y gratuita.
Iuris-IA se contrata en el ejercicio de una actividad profesional. No es un servicio dirigido a consumidores.
La consecuencia práctica hay que decirla claramente: no resulta aplicable la normativa de defensa de consumidores y usuarios y, en particular, no existe el derecho de desistimiento de catorce días propio de la contratación a distancia con consumidores. Lo que sí hay, y cumple la misma función, es una prueba gratuita de quince días y la ausencia de permanencia: se puede dejar el servicio cuando se quiera.
Estas condiciones son condiciones generales de la contratación: están disponibles de forma permanente en esta dirección, se aceptan al darse de alta y se puede guardar una copia.
No es asesoramiento jurídico y no sustituye al abogado. Nada de lo que el producto propone —un dato extraído, un cálculo, un borrador— se usa en un escrito hasta que el abogado lo valida, y esa validación queda registrada con su autor y su fecha.
La jurisprudencia sólo está disponible en parte: se comprueban las sentencias del Tribunal Constitucional, publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Las del Tribunal Supremo, las Audiencias y los Tribunales Superiores de Justicia no, a la espera de la autorización de reutilización del Consejo General del Poder Judicial. Una cita de una resolución que no esté disponible se marca como no verificable, nunca como correcta.
Lo que el producto no hace se cuenta en la página de novedades, y no se cobra por ello.
15 días de prueba, sin tarjeta. Después, 75 € al mes más IVA y sin permanencia. Si sois varios, 65 € por usuario al mes, más IVA, con carpeta compartida entre despachos. Un plan y un precio: no hay módulos aparte ni una versión recortada del cálculo de plazos.
Los importes se expresan con el IVA español incluido. El cobro se hará únicamente desde la web; las aplicaciones móviles no venden nada. Mientras la pasarela de pago no esté conectada, sólo está disponible la prueba gratuita.
Al terminar la prueba, si no se contrata, la cuenta pasa a sólo lectura: se conserva todo y se puede exportar.
Respecto de los datos contenidos en los expedientes, el despacho es el responsable del tratamiento y Iuris-IA el encargado. Ese tratamiento se rige por un contrato de encargo conforme al artículo 28.3 del RGPD, que forma parte del contrato de servicio y que debe estar suscrito antes de tratar datos reales de clientes.
El despacho se compromete a tratar únicamente datos para los que tenga base jurídica y a informar a sus propios interesados. Iuris-IA se compromete a tratarlos siguiendo sus instrucciones, a no usarlos para ninguna finalidad propia y a no entrenar modelos con ellos.
Los expedientes, los documentos y los escritos son del despacho y siguen siéndolo. No se usan para entrenar modelos, ni para elaborar estadísticas comerciales, ni se ceden a nadie. El software, en cambio, es del titular, y lo que se contrata es el derecho a usarlo mientras dure la suscripción.
Todavía no se compromete un nivel de disponibilidad garantizado, y se dice en lugar de publicar una cifra que no se mide. Las paradas por mantenimiento se avisan cuando son previsibles.
El servicio cambia y mejora. Los cambios que afecten a lo esencial —precio, finalidades del tratamiento, conservación— se comunican con antelación y permiten cancelar sin coste.
El alcance de la responsabilidad del titular y sus límites se fijan en el contrato de servicio. En ningún caso se excluye la responsabilidad que la ley no permite excluir, ni la derivada de dolo o culpa grave.
Estas condiciones se rigen por la ley española. Al no intervenir consumidores, el fuero aplicable es el que las partes pacten en el contrato de servicio; a falta de pacto, el que determinen las normas procesales.
Para cualquier cuestión sobre estas condiciones, escribe a la dirección de contacto del titular.