Un artículo no es un texto, es una sucesión de redacciones
Todo lo que este producto afirma se apoya en esta biblioteca, así que lo que importa de ella no es cuánto tiene dentro: es que sepa distinguir «no lo tenemos» de «no regía ese día».
Lo que hace
- Devuelve la redacción que regía el día que pidas. Cambias la fecha y cambia el texto: es lo que permite juzgar un escrito de 2019 con la ley de 2019.
- Cada artículo sale con su periodo de vigencia y el enlace al BOE, para poder ir al original de un clic.
- Distingue tres desenlaces que no son lo mismo: «no tenemos ese artículo», «existe pero ninguna de sus redacciones regía esa fecha» y «no se ha podido consultar». Confundirlos en una biblioteca jurídica es mentir.
- Se escribe como se cita: «art. 59.3 ET», «ET 59», «1902 CC», «404 LEC».
- Sólo resuelve las abreviaturas contrastadas contra el BOE, y enseña cuáles hay.
- Buscar sin tildes encuentra lo mismo que con ellas.
- El artículo se entrega sin las notas del editor del boletín dentro, que no son articulado.
- Lo que hay dentro se cuenta de la base, en la propia pantalla, y no está escrito en ningún sitio: si una norma no sale, no la tenemos y la consulta lo dirá.
Cómo funciona por dentro
Por qué la vigencia es el dato y no el texto
El texto consolidado del BOE no borra un artículo derogado: deja su casilla con un «(Derogado)», «(Suprimido)», «(Sin contenido)» o «(Anulado)» dentro. Leído sin cuidado, eso es un artículo que existe y está vigente, y es el error más caro que se puede cometer aquí: el producto entero se apoya en la luz verde del verificador.
Así que la vigencia se guarda por redacción, con su día de inicio y su día de cierre, y la fecha de caducidad que el boletín pone en la cabecera de cada bloque se respeta. Los preceptos vaciados se descartan antes de que el modelo los lea, y por su número se siguen encontrando con su marca.
De dónde sale, y con qué permiso
De la API de datos abiertos del Boletín Oficial del Estado, reutilizada con su licencia tipo, que permite expresamente el uso comercial y las obras derivadas y a cambio exige citar la fuente, enlazar al boletín y no desnaturalizar el sentido ni aparentar carácter oficial. La atribución está en el pie de todas estas páginas por eso, no por cortesía.
Las leyes y las sentencias no son objeto de propiedad intelectual. Lo que sí lo es —el comentario, el resumen y la sistematización de una editorial jurídica— no entra aquí de ninguna forma: ni copiado, ni parafraseado, ni recogido de su buscador.
Pruébalo con un caso tuyo
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